La Secretaria de Derechos Humanos de la CTA Nacional planteó centralmente "el juzgamiento y condena hacia los ideólogos y financiadores del Golpe militar que van desde empresarios, grupos económicos hasta personalidades de la sociedad civil participes activos".

Asimismo, la CTA consensuó con los organismos de DD.HH. un documento en el cual reafirman que "a 32 años de aquel 24 de marzo deben ratificarse todos y cada uno de los principios que impulsaron a nuestro pueblo a luchar en búsqueda de verdad y justicia".

Y resaltaron que en esta búsqueda "se lograron los mayores ámbitos de unidad de los sectores populares". También el texto firmado por Madres, Abuelas, CELS, APDH, SERPAJ, Hermanos, MEDH, la LADH entre otros temas exige "la aparición con Vida de Jorge Julio Lopez, rechazar la Ley Antiterrorista, libertad y democracia sindical, terminar con el hambre, desprocesamiento de luchadores sociales y fin de la criminalización del conflicto social".

"Aquel 24 de marzo fue producto de un plan concertado por los grandes grupos económicos y las Fuerzas Armadas para implementar el Terrorismo de Estado y el genocidio con el objetivo de disciplinar socialmente a nuestro pueblo, en especial, a la clase trabajadora, para obtener una más alta tasa de ganancia y concentración económica. La dictadura militar intentó redefinir en forma irreversible las características sociales, económicas y políticas que le habían permitido a los sectores populares cuestionar el poder y comenzar a debatir un proyecto de transformación. Solo comprendiendo la magnitud y relevancia de lo que estaba en disputa puede entenderse la funcionalidad del accionar represivo y del golpe abierto en aquella época y los desafíos del presente" explicó Ricardo Peidro, secretario de Derechos Humanos de la Mesa Nacional de la CTA y ex detenido-desaparecido durante 1977.

"No pueden seguir impunes como si no tuvieron nada que ver. Debemos comenzar a dejar al descubierto que no sólo fue la maquinaria asesina de las Fuerzas Armadas lo que funciono en esos años, sino que detrás se visualiza claramente un entramado de complicidad, apoyo, accionar y participación directa de distintos sectores de la sociedad civil argentina. Este es el camino para lograr sentar en el banquillo de la justicia a los que financiaron y son los reales autores intelectuales promulgadores del Golpe de Estado y el genocidio en los ´70 en busca de instalar a sangre y fuego el neoliberalismo en nuestro país. Cada condena para un apropiador es un avance en la lucha contra la impunidad. En el esfuerzo para unificar propuestas y acciones que apunten a agilizar los procesos judiciales para garantizar nuestro objetivo de justicia, así como para terminar con la ronda de testigos que vienen declarando desde hace años reviviendo el horror como si fuera la primera vez.", concluyó Ricardo Peidro, Secretario nacional de Derechos Humanos de la CTA y actual Secretario General de Asociación de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina(AAPM).