En esta línea, se refirió a la desaparición del testigo Julio López, el homicidio del represor Héctor Febrés mientras estaba detenido aguardando para ser juzgado y el reciente secuestro del activista de derechos humanos Juan Puthod.

LOPEZ Y PUTHOD

Verbitsky consideró que en casos como el de López y Puthod "el Estado debería saber quién es la persona, contra quién declaró", y con respecto a la situación de Febrés sostuvo que "la Secretaría de Derechos Humanos cajoneó la denuncia sobre sus condiciones de detención, por lo que es una muerte que se podría haber evitado".

Por su parte, Chillier resaltó que el informe elaborado por el CELS revela que "el año pasado los derechos humanos tuvieron más protagonismo que vigencia", y agregó que "ha habido avances en esta materia pero no se ha detectado que se haya avanzado lo que se debería avanzar".

"La reapertura de los juicios (contra los represores de la última dictadura) fue un avance significativo", sostuvo Chillier, pero enfatizó que "sin embargo, a tres años de vigencia de los juicios hay sólo 19 condenados".

El director del Centro calificó como otro déficit en derechos humanos la distribución de la riqueza y los índices de pobreza, y por ello evaluó que la Secretaría de Derechos Humanos "debería ampliar su agenda".

Según Chillier "la participación de los asalariados en la distribución del ingreso sigue siendo más baja que antes de la crisis de 2001" y "los índices de pobreza siguen siendo altos".

SCIOLI