La justicia federal investiga si un grupo de ex agentes de la SIDE instaló un dispositivo en un edificio de Garín para hacer “inteligencia electrónica”, presumiblemente con fines políticos, y si aprovechó para después vender información a la banda de delincuentes que, hace diez meses, secuestró a un importante ejecutivo de una empresa multinacional.

Una de las claves está en el GPS (sistema de posicionamiento satelital) que los fabricantes incorporaron a algunos de los celulares más modernos y que permite conocer la ubicación en tiempo y espacio de la persona que lleva el teléfono móvil. Otro elemento importante de este sistema es una tecnología que permite buscar un número de teléfono determinado y capturar los mensajes de texto y las conversaciones.

Tal es el temor a que terceros o extraños conozcan sus habituales movimientos que algunos empresarios comenzaron a consultar a firmas dedicadas a la seguridad electrónica para bloquear el acceso ilegal al dispositivo de seguimiento geográfico de sus celulares. En concreto, los especialistas hablan de la aplicación de contramedidas (como, por ejemplo, el sistema denominado dba.exe ), de forma tal de detectar una posible intrusión y activar un bloqueo.

Este sistema llegó al mercado a principios del año pasado, aunque no es de venta pública, sino para uso de las empresas de proveedoras del servicio de telefonía y de organismos de inteligencia. Se trata de un sistema activo, al contrario de los sistemas anteriores, que eran pasivos.

Con este software "espía", a través de una simple laptop , un operador puede "meterse" en el sistema con el cual las operadoras del servicio telefonía móvil, con sus antenas, identifican y encuentran los celulares para establecer las comunicaciones.

Así, el sistema permite no sólo la ubicación de un teléfono, sino lo que se habla o los mensajes de texto que se mandan con él.

Según el ingeniero Ariel Garbarz, profesor de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y coordinador del Proyecto Nacional de Seguridad Telefónica, en el último año los ejecutivos cambiaron el motivo de su preocupación: antes era el temor a que les escucharan las conversaciones telefónicas, ahora, el de ser localizados por peligrosos extraños.

El sistema que se usa como contramedida para los intentos de intrusión fue desarrollado por el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) y fue adaptado a las especificaciones del mercado argentino por la UTN (Universidad Tecnológica Nacional). Es un derivado del software que se usa para proteger todas las comunicaciones del FBI. Se utiliza, además, con el 911 del Ministerio de Seguridad bonaerense, para evitar que las comunicaciones sean saboteadas.

Garbarz explicó que este sistema que "interviene" la triangulación por antenas de celulares (la forma típica en la que se establece una comunicación móvil) permite no sólo conocer la ubicación en tiempo real del teléfono y de la persona que lo lleva, sino que también posibilita la reconstrucción histórica del recorrido hecho.

Esto significa que, a partir de la información guardada en las antenas de los celulares, es posible conocer los lugares en los que estuvo una persona en los últimos dos meses.

"La aplicación de esta tecnología de seguimiento de los celulares permitió que los delincuentes pudieran hacer el seguimiento de las personas que planeaban secuestrar sin exponerse a que alguien los pudiera reconocer", explicó un jefe policial especializado en investigar secuestros extorsivos.

Espías en la mira

Hace 12 meses, un grupo de detectives de la policía bonaerense que investigaba el supuesto intento de robo en la casa de Santiago Montoya, entonces director de Rentas del gobierno de Felipe Solá (ocurrido el 18 de enero de 2007), allanó por orden judicial un edificio situado en Perón y las vías del ferrocarril Mitre, en Garín, donde funciona un centro de operaciones de una importante empresa de telefonía.

Hasta allí habían llegado siguiendo la pista de la señal que interceptaba la línea del teléfono celular del funcionario, ya que constaba en la causa que Montoya sospechaba que sus tres teléfonos eran objeto de intentos de escuchas ilegales. Al revisar el lugar, policías y técnicos encontraron una consola, a la que llegaban una serie de cables cruzados que servían para la interceptación, escucha, grabación y localización geográfica de más de 3000 teléfonos celulares y fijos.

La consola estaba identificada con una etiqueta escrita con bolígrafo en letra de imprenta, con la leyenda "Líneas Judiciales-Av. los Incas". Los investigadores vincularon inevitablemente esa leyenda con la Dirección de Observaciones Judiciales de la SIDE, que tiene oficinas en la avenida de los Incas, en Capital. Esa dependencia se encarga de realizar intervenciones telefónicas por pedido de la Justicia y sólo pueden hacer escuchas si un juez las autoriza.

Pero si la Dirección de Observaciones Judiciales de la SIDE, efectivamente, había instalado la consola en el edificio en el que funciona la empresa de telefonía, lo cierto es que no existía ningún oficio judicial que justificara la colocación de aquel dispositivo que sirve para escuchar conversaciones telefónicas y para localizar a las personas que llevan los aparatos.

Además, sobre una consola suplementaria, los investigadores encontraron pegada una etiqueta con la inscripción "Red CGO-Capital", que, según explicaron fuentes con acceso a la causa penal, corresponderían al Centro Grupo Operativo, que presuntamente también dependería de la SIDE.

Desde la dirección de la SIDE, en 25 de Mayo N° 11, negaron ante la Justicia que el dispositivo hubiera sido instalado por agentes del organismo de inteligencia.

No obstante, los responsables de la SIDE deslizaron la posibilidad de que algún funcionario de dicha dependencia desplazado durante la última gestión hubiera colocado la consola clandestinamente. Representantes legales de la empresa de telefonía donde fue hallada la consola interceptora también aseguraron ante la Justicia no saber de la existencia del artefacto.

Espionaje político

Debido a que el caso excedía la competencia de la Justicia provincial, el fiscal de San Isidro Claudio Scapolán le remitió la investigación a un juez federal. Así, el seguimiento que había comenzado para tratar de identificar a los responsables del supuesto intento de asalto en la casa de Montoya, había derivado en una causa por supuesto espionaje político.

Los peritos determinaron que, además de la línea de Montoya, desde la consola clandestina fueron intervenidos un centenar de teléfonos de políticos oficialistas y opositores.

Nunca se supo quiénes habían intentado asaltar la casa de Montoya, a pesar de que uno de los testigos los había descrito como poseedores de "aspecto policial". La causa por la intimidación a Montoya se archivó sin que el fiscal Scapolán llamara a declarar a un testigo que había estado cara a cara con los sospechosos.

La causa fue derivada al juzgado federal de Zárate-Campana, a cargo de Federico Faggionatto Márquez, que incorporó el expediente al sumario en el que investiga el secuestro de un ejecutivo de una importante empresa multinacional.

Según fuentes policiales, los investigadores de ese hecho que, hasta ahora, no había trascendido, tienen firmes sospechas de que los supuestos ex agentes de la SIDE que instalaron el dispositivo en el edificio de Garín vendieron la información del recorrido geográfico del celular del empresario a los delincuentes que finalmente lo secuestraron.