Consultados por Crítica de la Argentina, allegados al empresario Daniel Hadad desmintieron que él comprara información a los ex espías. Es más, dijeron que el propio Hadad fue víctima de espionaje electrónico y que seguramente lo citarán a declarar como damnificado. Darío Gallo, ex editor ejecutivo de la revista Noticias y actual editor de perfil.com, primero se rió ante la consulta. “¿Y cuánto dicen que pagaba?”, dijo. Gallo negó haber adquirido este tipo de información, aunque el portal de Perfil publicó, al menos en un par de oportunidades, material de esa procedencia.
Algunos meses después del hackeo a Alberto F, e-mails del juez federal Daniel Rafecas y del miembro de la Corte Raúl Zaffaroni fueron publicados por el Servicio Privado de Información (Seprin), un sitio web de agentes y ex agentes de inteligencia manejado por Héctor “Kolla” Alderete, cuyo domicilio también fue allanado anteayer.

Las denuncias fueron cayendo en distintos juzgados hasta que finalmente fue un juzgado muy particular el polo de atracción de todo lo vinculado con el tema: el de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, quien llegó allí de la mano del agente de contrainteligencia Jaime Stiusso y de su esposo, el fiscal de la Unidad AMIA Alberto Nissman, quien guarda en su ropero al terrorista suicida pero aún no lo ha dado a conocer. Todas las fuentes judiciales, policiales y del Gobierno consultadas coincidieron en un punto: el de San Isidro es un juzgado de la SIDE. La jueza Arroyo ya tuvo su primera prueba de amor con la muerte del prefecto Héctor Febbres: el Gobierno se empecinó en presentar el caso como un asesinato y no como un suicidio, y Arroyo siguió esa hipótesis hasta que el tema desapareció de los medios. El fiscal de la causa es Alberto Gentile, subrogante en San Isidro, antes en la Fiscalía Especial contra el Narcotráfico, donde Gentile se dedicó a dilapidar su presupuesto en cenas en Puerto Madero y ninguna investigación relevante.

La denuncia de hackeo formulada por Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema, cayó en el juzgado de Sergio Torres, pero fue rápidamente absorbida por el de San Isidro después de un llamado del senador Miguel Pichetto:

–La jueza Arroyo lo va a llamar esta tarde. ¿Por qué no le mandan la causa si ella ya está investigando el tema?

Hace algunos días, cuando el escándalo comenzó a crecer, los espías decidieron que era mejor agendarse un plan B. El Consejo de la Magistratura estaba a punto de destituir al juez federal de Zárate-Campana, Faggionato Márquez, pero el representante de los abogados es un hombre de lectura meditada y decidió pedir más tiempo para analizar el expediente. Faggionato es un impresentable acusado de formar una red de corrupción con la policía local pero tiene una clara ventaja sobre el resto: es el juez de la causa de las pinchaduras de Garín, donde la SIDE está directamente involucrada.

EL INGENIERO Y LA HELADERA. El presupuesto de la SIDE para este año es de $388.035.912, poco más de 127 millones de dólares. Cuando Kirchner llegó al Gobierno, el rubro Gastos Reservados era de 4 millones de pesos; hoy es de 257 millones. Según un estudio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), los fondos sin control aumentaron entre 2004 y 2008 un 83% en términos reales. Los espías son, aproximadamente, unos 2.500. El titular de la SIDE oficial es Héctor “Chango” Icazuriaga, el Señor Cinco. Es un incondicional de Kirchner; fue diputado y gobernador y reemplazó a otro ex gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo. Hace poco, en la noche del 8 al 9 de junio, entraron a la casa de dos pisos que tiene en Río Gallegos, revolvieron al menos dos de los cuartos y sólo se llevaron una botella de whisky.

José Francisco “Paco” Larcher es, como dijimos, el verdadero jefe de la SIDE oficial: el Señor Ocho es el encargado de pasarle al Presidente el parte de información reservada. Debajo de Larcher, la SIDE se divide en varios departamentos: el de Jurídicos, Recursos Humanos, Reunión (a cargo de Fernando Pocino), Análisis (contrainteligencia, a cargo del ingeniero Jaime Stiusso).
–Stiusso tiene enchufe propio –dicen en el ambiente de inteligencia.

“Enchufe propio” significa relaciones directas con la CIA, el Mossad u otros organismos. Todos lo mencionan como un profesional prestigioso pero nadie puede explicar cómo, bajo su responsabilidad directa, desaparecieron las escuchas de la foja 114 del primer cuerpo de la investigación de la AMIA. Traducción para todo público: Stiusso tenía pinchados los teléfonos de Telleldín ANTES de la bomba, aunque su figura se hace pública recién después, cuando los niños menores de dos años suponen que “encontraron” el motor de la Trafic asesina con el número en perfecto estado para ser descubierto. Jaime entró a la SIDE durante la dictadura, y come casi todas las noches en Happening de Puerto Madero. Stiusso tuvo sus treinta segundos de fama mediática cuando Gustavo Beliz lo acusó de espiarlo y mostró su foto por la televisión. También le adjudican la Operación Clarita, realizada contra Carrió y Olivera durante la campaña electoral de Capital.

Fernando “Heladera” Pocino cumplió 47 años el 27 de diciembre y tenía 25 cuando entró a la SIDE. Pocino es radical, y llegó de la mano de Enrique “Coti” Nosiglia. Lo de heladera viene de su debut como espía, cuando se disfrazaba de heladero para espiar en el microcentro. Como es alto, y grandote, lo apodaban “Heladera”, vestido ad hoc con uniforme blanco. Parroquiano de La Biela, el Florida Garden y varios cabarets de moda, Pocino está ahora separado y lo vinculan con la hija de Nilda Garré, ministra de Defensa. Durante el menemismo le tocó a Pocino espiar a su propio bloque (el radical) y fue por esos días cuando conoció a Miguel Núñez, vocero de Cristina, a quien terminó pidiéndole trabajo después de la campaña. Diversas fuentes coinciden en señalar a Pocino como jefe de una especie de grupo especial del Gobierno, que en un momento dependía del Ministerio del Interior hasta que fue el propio Pocino quien llevó a Defensa la conspiración de Aníbal F contra Garré, que terminó en la renuncia de Montero, jefe de inteligencia del Ejército. “Pocino pertenece al mismo grupo que Marcelo Saín (PSA), Luis Tibiletti, Slokar, Filmus, Garré y Verbitsky”, aseguraron fuentes judiciales a este diario. Según el propio Verbitsky, Pocino se sentó a la mesa del reducido comité de crisis que se creó con la desaparición de Luis Gerez, que luego se reveló como un autosecuestro.

El aparato de prensa a disposición de Pocino es de segunda categoría pero no escaso: su vocero más popular y orgánico es Rolando Graña, pero además Pocino influye de manera directa en un programa de cable en Metro, uno de radio en FM La Isla y el sitio web Informe Reservado.
Un “empresario” llamado Alejandro Ruiz Laprida, con oficinas en la planta baja de Alvear 1940, también aparece vinculado con el escándalo de los e-mails. Ruiz Laprida también viene del radicalismo, comenzó su militancia con Beto Larrosa, fue jefe de gabinete en la sombra de Enrique Mathov y con excelentes vínculos con miembros de la ESMA y la SIDE. Ruiz Laprida se jacta ante sus amigos de ser especialista en lavado de dinero, tiene “enchufe” con las bases de los servicios de inteligencia extranjeros y tres fuentes distintas le aseguran a este diario que es el titular de una empresa de informática inclinada al hackeo. Fuentes del Gobierno aseguran que es ésa la empresa que está investigando la Justicia, y que Ruiz Laprida está vinculado con los dos espías exiliados en Montevideo. ¿Cómo que dos espías? Espere un momento, y lo sabrá.

Aunque lo niegan, todo indica que Velázquez y Carpintero fueron los responsables de hackear al presidente de la Corte. Rómulo y Remo se hacen cargo de otros “trabajos”: según declararon a Noticias, la SIDE les ordenó intervenir las computadoras de Alberto F, Carlos Stornelli, Abal Medina y “de Cristina Kirchner para abajo”. Aunque nunca presentaron los documentos, los autoexiliados sostienen que recibían órdenes directas de Aníbal Fernández y de Fernando Pocino. Fuentes de la Casa de Gobierno aseguran haber visto en más de una oportunidad a Aníbal F alardeando ante el presidente K de ciertos datos de inteligencia. Hay quienes ven en Velázquez y Carpintero a una especie de patrulla perdida: se independizaron de Pocino y comenzaron a vender el resultado de los hackeos. Siempre viene bien una changuita. Mientras ellos denuncian desde Montevideo a la que denominan “Gestapo K”, una cadena de e-mails inunda las redacciones con fotos de lo más diversas: imágenes privadas de Héctor Magnetto, vacaciones en Punta del Este de Victoria Bereziuk (la chica del caso Antonini Wilson), un sitio web con datos familiares y vida cotidiana del propio Pocino, al que acusan de traición, etc., etc., etc.

El tipo preguntaba para intimidar. Uno de sus compañeros ya estaba parado en la puerta correcta.
Uno de los vecinos, el juez Luis Cayuela, cruzó la escena distraído, pero no tanto como para no advertir que el guardia no estaba en su puesto, y lo llamó de un grito.
–Acá estoy, doctor –apareció el vigilador de la nada, encañonado y advertido desde la sombra–. Me consultaban por una calle.

Pero la calle que mencionó no existía. Cayuela comprendió que pasaba algo raro, pero siguió su marcha y se paró a observar desde el fondo de su casa. Allí vio que el vigilador estaba reducido por un tipo, pero que había dos más en una moto, uno a pie y por lo menos otros dos en un coche estacionado. Llamó a la policía y le gritó al de seguridad:
–¡No se preocupe! Ahora viene la policía con una Filcar!

Los agresores huyeron. Montoya entendió que se trataba de un mensaje. Se abrió una causa y Montoya, casi al terminar su declaración, comenta que –por consejo del entonces gobernador Solá y del ministro Arslanian– había hecho monitorear su celular, y que estaba pinchado. No sólo lo escuchaban sino que también podían rastrearlo.

Una pericia oficial mostró que las intercepciones procedían de Escobar. El 14 de marzo de 2007, uno de seis allanamientos simultáneos dio positivo: en un edificio de Telecom se encontró un equipo DVCRAU (Data Voice Call Recording and Acquisition Unit) con 3.780 líneas interceptadas. En el lugar sólo había una encargada de limpieza. Las grabaciones no se escuchaban en Garín sino que se retransmitían a un destino desconocido con una antena de microondas de dos metros de diámetro instalada en el techo. Todos los equipos tenían su cartelito: “Líneas judiciales. Av. Los Incas”, decían. “Ese papelito estaba ahí para incriminar a Stiusso”, afirmaron fuentes del Gobierno a este diario. Telecom deslindó su responsabilidad por los equipos que, claro, nadie reclamaba. El modelo era similar al detectado por Jorge Fontevecchia luego de una pericia de la UBA, y que pinchara su casa y los teléfonos de Perfil. En la causa hay más de un denunciante: se incorporó la investigación del secuestro de un empresario automotor con el argumento de que los raptores conocían su recorrido por monitoreo de celular, y también se agregó como querellante Mariano Obarrio, periodista de La Nación, acusado por el Gobierno de utilizar la información de los hackers pero, a la vez, víctima de ellos: el 15 de agosto de 2006 asaltaron su casa sabiendo que tenía dinero guardado.

El expediente pasó a manos de Faggionato Márquez. La causa está en orden.