Mientras desde el gobierno nacional se insiste con un discurso populista donde supuestamente se intenta beneficiar a los sectores más postergados de la sociedad, existen indicadores sociales que muestran exactamente lo contrario. Uno de ellos es el consumo de gas, un bien esencial para miles de familias que se hace más escaso, caro y necesario en invierno.
Quienes no cuentan con redes de gas natural están pagando por gas envasado 10 veces más que lo que una familia paga para obtener la misma cantidad de calorías utilando la red de gas natural.
Para reflexionar.

Según datos del Indec en la Argentina, catorce millones de personas usan gas en garrafa, de ellas diez millones son pobres. Según la encuestadora Robustelli y Asociados, en la provincia de Santa Fe un millón quinientos mil personas usan gas en garrafa y de ellas, aproximadamente un millón son pobres; situación similar se da en la provincia de Córdoba.

En la ciudad de Santa Fe, todo el cinturón oeste (el que se inundó en 2003) usa garrafas casi en su totalidad.

Un metro cúbico de gas natural libera 9.300 calorías y cuesta unos 0,26 pesos. Para obtener estas 9.300 calorías son necesarios unos 770 gramos de gas en garrafa, que valen 2, 70 pesos (si la garra cuesta 35 pesos).

En otras palabras, el gas en garrafa que usan los más desprotegidos de la sociedad es un 1.042 % más caro que el gas natural; o, de otra manera, lo que paga un rico por un año de consumo de gas un pobre lo debe pagar en un mes.

Para subsanar esto se creó la garrafa social que se vende a unos 22 pesos, sólo en seiscientos puntos en el país, mostrando documento, una por mes y haciendo larguísimas colas. Un cálculo similar al anterior nos permite ver que es 625 % más cara que el gas natural.

Aunque parezca una triste burla, una señora que en este momento está cocinando una olla de polenta en un comedor comunitario de un barrio careciente está subsidiando la comida del señor que está comiendo un plato carísimo en Puerto Madero o en cualquier otro lugar súper exclusivo de la Argentina.

Esto, que en sí mismo es una inmoralidad, trae innumerables consecuencias sociales, entre otras, que los más pobres han perdido el derecho a cocinar sus alimentos, al aseo o a la calefacción.

En época invernal, una persona necesita por mes para cocinar, asearse y para calefaccionarse unas doscientas mil calorías; es decir que una familia de cinco personas precisa un millón de calorías, esto es, unas 8 garrafas, las que cuestan unos 280 pesos. ¿Qué familia de escasos recursos puede afrontar este gasto mensual? Mientras tanto, un rico paga por lo mismo unos 26 pesos. Cualquier persona puede comprobarlo con su boleta de gas. Si esto no es el reino del revés, se le parece mucho.

¿Qué solución le queda a aquel que nada tiene? El gas en garrafa es el combustible que más aumentó en los últimos años, mucho más que la nafta o el gasoil. Nuestros pobres deben pagar el combustible a precios internacionales.

Esta verdadera inequidad social es producto de la ley 26.020 que declaró al gas natural "consumo básico esencial", por lo que su precio está controlado por el Congreso y subsidiado por toda la población, ricos y pobres. La misma ley establece al gas en garrafa como "de interés público", lo que quiere decir que la Secretaría de Energía, de vez en cuando, sugiere precios que, por supuesto, nadie obedece. En otras palabras, su precio está prácticamente liberado.

Hoy en día, para insertarse en la sociedad, entre otras cosas, es necesario poseer energía. ¿Cuál es el motivo que hace que una ley dé este derecho a un sector de la sociedad y se lo niegue a los más pobres? Esto es condenarlos a la exclusión.

Teniendo en cuenta los costos argentinos, una garrafa no tiene porqué valer más de 6 a 9 pesos y, para ser verdaderamente "social", debería venderse a no más de 3 pesos, ya que esto no haría más que poner en un plano de igualdad a los pobres con los sectores más favorecidos.

El artículo 42 de nuestra Constitución Nacional dice en uno de sus párrafos: "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno".

Basado en todo lo anterior, me he dirigido al Defensor del Pueblo de la Nación pidiendo su intervención en este tema tan importante para el sector más desprotegido de nuestra sociedad y también en los próximos días solicitaré la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que, si bien no soy constitucionalista, ni siquiera abogado, el sentido común me dice que lo anteriormente relatado se contradice abiertamente con nuestra Carta Magna.

Roberto Carrivale (*)

ElLitoral.com

(*) El autor de esta nota es ingeniero químico.