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Hace unos días el diario La Voz publicó la inminente firma de un “Acta Acuerdo” entre la CEZ y el Municipio por la deuda que según la CEZ mantiene el Municipio “por un total de $11.405.525, al 31 de agosto del año pasado, aún quedando por calcular la deuda de los servicios durante los meses restantes del 2009.”


Desconocemos si en verdad se firmaría un acuerdo, pero suponemos que si esto sucede estamos convencidos que se hará delante de todos los medios de comunicacion para que los contribuyentes lo conozcan.

Lo que se debe tener en cuenta   es que mientras la CEZ conoce todo el presupuesto municipal con el cálculo de recursos que cuenta año a año, tanto el Intendente, el HCD y los 130.000 ciudadanos zarateños y limeños desconocemos la verdadera situación económica de la CEZ, según lo admitió el propio Osvaldo Cáffaro a Zi a fines del año pasado.


Este desconocimiento reviste una gravedad jurídica ya que al desconocer el volumen de las ventas de energía de la CEZ, se podría estar incumpliendo la Ley 11769 por la que el 6% de todo lo recaudado por venta de energía debe ser retenido por la concesionaria y girado al municipio en el marco de las compesanciones dentro de los 10 días de vencido cada mes calendario.


Desde el Tribunal de Cuentas provincial hace varios años se viene señalando la sistemática inconsistencia de la rendición de fondos desde la CEZ hacia la Municipalidad, -que viola el propio convenio firmado por Aldo Arrighi en 1992 y ratificado por Oscar Morano-, por el que la CEZ se convertía en el exclusivo ente recaudador de las tasas municipales dentro de la boleta de energía.


A esto ahora se le suma que la principal concesionaria de servicios públicos municipales no presenta sus balances al poder concedente de sus servicios ni a sus propios asociados, por lo que mal se podría determinar si lo que la CEZ declara tributar por el art. 72 ter de la Ley 11769 al municipio se corresponde a derecho o estamos ante la comisión del delito de retención indebida de dineros públicos, administración fraudulenta y/o peculado.


¿Qué harán los concejales al respecto, más allá de los que responden órdenes directamente de Bolivar y Andrade?

 Tasa de Seguridad


Además de querer “sincerar” las atrasadas tasas de ABL sin “sincerar” antes los números de la empresa que nos cobra los impuestos a todos, el Ejecutivo impulsa incluir un 20% adicional de lo que se pagará de ABL para sostener a la Direccion de Prevencion Urbana, algo a lo que el HCD se negó el año pasado por considerar el financiamiento de la seguridad una cuestion de orden provincial, y no municipal.


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