Desde que la anciana cae del techo y es arrastrada hacia el interior de la vivienda por personal del “geriátrico”, la actitud de los miembros del mismo fue tratar de ocultar lo sucedido.

No permitieron la intervención policial, no acompañaron a la abuela al Hospital, ni la fueron a ver, ni acompañaron su historia clínica para que quienes la recibían tuvieran a la vista sus antecedentes, ni  se preocuparon por su estado hasta su deceso siete días después.

Tampoco le dieron ninguna explicación a la familia, que quedó consternada por la actitud de aquellos a quienes le habían contratado el cuidado de su ser querido, que sufría Alzheimer y no podía estar sin una vigilancia médica permanente.

La razón de los intentos de ocultamiento no pueden ser otras que la ilegalidad en la que se desarrolla toda la actividad médico-comercial del lugar, ya que en Zárate no existen geriátricos habilitados para funcionar como tales.

Desde Pagola 1014 cobraban por la asistencia de cada uno de los ancianos allí internados, un promedio de $2.000.- por mes.

Ignoramos si se facturaban los servicios, al tratarse de una actividad clandestina.

El fiscal Juan Martin Zocca está citando en estos días a los familiares de Lia Carmen, y a testigos que vieron los hechos esa tarde en Villa Massoni.

De allí deberían surgir nuevas citaciones a quienes aparecían como responsables del establecimiento.

Los familiares también adjuntaron en la denuncia las recetas médicas extendidas a Lia Carmen tanto en la vivienda de Pagola 1014 como en el anterior gerátrico clandestino de Guemes 777, todas firmadas por el mismo facultativo: Eduardo Carlos Fox.

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